Esta obra ha recibido el premio "Francisco Tomás y Valiente" en 2020.
Superada la visión inicialmente desconfiada e intrascendente de la iniciativa legislativa popular, la institución ha recuperado relevancia en los últimos años de la mano de innovaciones legislativas en el ámbito autonómico y estatal; y un mayor empleo del mecanismo gracias a una concepción de la participación como índice de buen gobierno. El trabajo aborda la figura, en el capítulo primero, desde tres concepciones distintas aunque perfectamente compatibles: como instrumento de participación, como forma de ejercicio del derecho fundamental de participación, y como fase del procedimiento legislativo, sin perder de vista, en el capítulo segundo, la evolución jurídica de la institución a través de los debates parlamentarios.

La obra se adentra, en los capítulos tercero y cuarto, en dos ámbitos que no habían acaparado hasta el momento suficiente interés, como son la regulación jurídica de la institución en las Comunidades Autónomas; y la práctica del instrumento a través del análisis de las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados y las asambleas autonómicas. Los resultados indican que la iniciativa popular contribuye al pluralismo político permitiendo que la sociedad civil organizada plantee demandas escasamente atendidas por los poderes públicos, complementando nuestro necesario modelo representativo.

Ángel Fernández Silva (Salamanca, 1987) es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca desde 2019. Desempeña labores de docencia e investigación como profesor asociado en el área de Derecho Constitucional de la USAL y, asimismo, es profesor en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. Es autor de numerosos artículos y obras colectivas sobre temas relacionados con la democracia, la participación política, los derechos fundamentales y la Unión Europea. Ha participado en congresos y seminarios de ámbito nacional e internacional sobre Derecho Público, y en 2020 fue reconocido con el Premio Tomás y Valiente que conceden conjuntamente el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional.