La difícil situación económica y financiera de la empresa de Barcelona Traction a la salida de la guerra civil se caracterizó en el primer decenio por un serio retraso respecto del crecimiento del conjunto de la industria eléctrica en España. El estancamiento fue producido por una estructura industrial, basada en la producción de origen hidráulico, la volatilidad de los resultados sensibles a las condiciones de los años de sequía y su erosión por el fuerte endeudamiento en esterlinas. Además, tenía cerrado el acceso a los mercados de capitales internacionales y español, lo que comprometía su viabilidad en el futuro. La ineludible reorganización financiera dio lugar a dos proyectos, el de Dannie Heineman, en representación de los accionistas, que se basaba en una quita próxima al 50% de la deuda con los obligacionistas en esterlinas y el de Juan March que sostenía que a estos obligacionistas les correspondía un interés predominante dada la situación financiera de la empresa. En 1944, Heineman rechazó la propuesta de March de proceder conjuntamente a la reorganización o venderle las acciones pero, fracasado su plan de arreglo en diciembre de 1946, se llegó a dos acuerdos en 1947 que rompió en diciembre de 1948 al optar por desplazar el asunto a la esfera de las relaciones entre Estados.