A lo largo de los años del cambio de siglo la Monarquía hispana se encontró en una encrucijada: o bien seguir la política hispana de Felipe II (Monarchia Universalis), o asumir los dictados de Roma y subordinarse a su jurisdicción. Felipe III optó por esta segunda opción y el papado le concedió el sobrenombre de “Monarquía Católica”. A partir de entonces, los principios sobre los que la Monarquía hispano-portuguesa proyectó su política y estableció su cultura estuvieron basados en el universalismo de la confesión católica dictados por Roma. Los tratadistas políticos se vieron obligados a reformular una teoría política que defendiera y justificara la subordinación del poder de la Monarquía a Roma, al mismo tiempo que las nuevas Órdenes religiosas “descalzas” catequizaban a la sociedad en una espiritualidad que dependía directamente de Roma. Muy pronto, se demostró que el seguimiento de esta política resultaba contradictorio y perjudicial para el sostenimiento e institucionalización de la Monarquía. El mantenimiento económico de la política católica recayó en la Monarquía (preferentemente en Castilla), que no encontró más recursos que el establecimiento de impuestos y el ahorro en la concesión de mercedes y gratificaciones a sus súbditos. Desde este punto de vista, la llamada decadencia de la Monarquía Católica -durante el reinado de Felipe IV- se caracterizó por una serie de contradicciones. Por lo que respecta a la Monarquía portuguesa también se le planteó un nuevo reto tras la independencia obtenida en la misma época. Los Braganza necesitaban una reconfiguración de su Monarquía para poder subsistir con independencia.