El contexto de la educación superior está sometido hoy a profundos cambios que generan, a su vez, nuevas formas de prestación del servicio. La aparición de nuevos usuarios, la alteración de las clásicas vías de financiación pública y los cambios surgidos en el entorno económico global nos sitúan frente a un escenario radicalmente distinto del que configuraba la Universidad del pasado siglo XX. Con el pretexto de esta situación se construye el planteamiento del "libre comercio" de servicios de educación superior. Es preciso , se mantiene desde esta opción, derribar las barreras que lo obstaculizan si se pretende adecuar estos servicios al contexto descrito.

Sin embargo, la especificidad de la educación superior, pero sobretodo de la institución que la presta mayoritariamente-la Universidad-, nos obliga a revisar el concepto clásico de servicio público. La garantía mínima de servicio público de educación superior es, en terminología de derecho comunitario, el servicio universal de la misma. Es precisamente este núcleo el que debe quedar excluido de la liberalización del comercio de servicios de educación superior. Es preciso proponer además ,mecanismos de autorregulación de la universidad que eviten los obstáculos que dificultan el proceso de convergencia en el espacio europeo de educación superior.

El resto, más allá de esa garantía mínima, es efectivamente susceptible de ser liberalizado, y no sólo de los prestadores privados del servicio. Sino también a favor de los prestadores públicos del mismo. Es precisamente en este campo dónde las universidades públicas pueden profesar mayor autonomía y capacidad de adaptación al contexto actual.

Todo ello en la medida que nos hallamos ante una institución más que adulta, que precisa de modo ineludible de nuevos instrumentos más adecuados a su entorno para sobrevivir, concluir a nivel europeo y global y, en fin, contribuir a la mejora del conocimiento y de la calidad de vida de nuestras sociedades.