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La consecución de un volumen suficiente de ingresos públicos que financie las necesidades comunes se logra fundamentalmente, mediante la aplicación del sistema tributario. Esta aplicación debe asegurar el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios y, al mismo tiempo, debe responder a los principios de eficacia, eficiencia y economía (art. 31.2 CE y art. 3.2 LGT). Estas exigencias legales y constitucionales, junto con la complejidad actual de los procedimientos tributarios y las experiencias existentes en el ámbito internacional y europeo, han llevado a las distintas Administraciones a replantear sus modos de gestión de los servicios tributarios y las distintas técnicas de gestión de riesgos fiscales, potenciando la colaboración de los obligados tributarios, los asesores y los intermediarios fiscales, así como la asistencia mutua entre Administraciones. Esta obra analiza el marco jurídico de esos nuevos modelos de colaboración que se están impulsando en los distintos ámbitos territoriales.