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Desde el ámbito de las comunidades europeas se ha procedido a la creación de un nuevo vehículo de financiación, que denominado como fondos de inversión a largo plazo europeos, atienda a incentivar la demanda de activos tangibles (infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones, instalaciones industriales y de servicios, vivienda y tecnologías para la ecoinnovación y contra el cambio climático) como activos intangibles (educación o investigación y desarrollo) a favor de inversores profesionales y minoristas, como alternativa para la financiación a largo plazo de las empresas e infraestructuras de la Unión Europea. Pero ahora bien, para que tal tarea pueda ser abordada con éxito, además de tener que ser observado el producto financiero desde un punto de vista económico y fiscal como rentable en aras de que atraiga y genere la demanda de inversiones, y así que origine economías de escala, es esencial que esté dotado de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todas las categorías de inversores. Como consecuencia de lo anterior, se plantea como necesario atender a analizar, como se procede a configurar este vehículo de financiación transfronterizo, en qué medida puede el derecho contribuir a incrementar la reserva de capitales disponibles para la inversión a largo plazo en la economía del mañana en la Unión Europea, y si las normas dadas por la acción a nivel europeo, posibilitan reportar al inversor un eficiente marco de tutela jurídica tal, que permita incentivarlo en la inversión por tales productos financieros.