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Se aborda un tema de suma trascendencia y constante actualidad en el que aparece de forma clara la tensión entre libertad y seguridad. Por ello, suscita polémicas encendidas como la que se produjo con ocasión de la elaboración de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Su régimen sancionador es lo que prioritariamente se afronta en esta obra y, tratando de superar tópicos y prejuicios, se hace con método y perspectiva estrictamente jurídicos. En la primera parte, que podría considerarse la parte general, se analiza el concepto de seguridad ciudadana como bien jurídico protegido, así como la frontera entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, que en esta materia es especialmente difícil y delicada. Se estudia seguidamente la problemática distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios. Sobre todo, se dedica atención a las garantías materiales que han de presidir la represión de las infracciones contra la seguridad ciudadana con referencias también a las especialidades procedimentales, como es, destacadamente, el valor probatorio que se confiere a los atestados policiales. Finalmente, se aborda el estudio de las sanciones que prevé la Ley y las consecuencias no sancionadoras que puede conllevar la comisión de estas infracciones. En la segunda parte, que podríamos denominar especial, se lleva a cabo el estudio pormenorizado de ciertas infracciones de la LOPSC. Se han seleccionado, en algunos casos, por su especial relevancia, ya que tipifican infracciones que colindan con el ejercicio de derechos fundamentales (es el caso de las infracciones que guardan relación con el derecho de reunión y manifestación). En otros casos, por su importancia cuantitativa: las infracciones de desobediencia y de falta de respeto a la autoridad o a sus agentes son las más sancionadas y también las de contornos más problemáticos. También se han examinado, entre otras, las infracciones relacionadas con las armas y las drogas, por tratarse de sectores especialmente complejos y estrechamente conectados con el ámbito penal. Se ven, aquí, las necesarias operaciones de delimitación que se deben realizar entre los ilícitos penales y administrativos para determinar si una conducta requiere represión penal o administrativa.