Por qué se habían usado más de 23 mil millones de euros de dinero público para rescatar a un banco y, sobre todo, por qué no se obligaba a los responsables de una operación de tal envergadura a rendir cuentas, en lugar de recibir todavía más dinero en concepto de variables, dividendos y jubilaciones. El asunto pintaba mal. Todo parecía indicar que nadie exigiría una explicación a estos cargos políticos influyentes. ¿Qué podía hacerse? Organizarse e investigar. Mediante acciones inesperadas y filtraciones que apuntaban como mayor responsable del tinglado al exministro de Economía Rodrigo Rato y los suyos, este grupo de gente abrió una de las batallas judiciales contra la corrupción y la estafa de Estado más grandes de los últimos años.