Comparado con otros países de nuestro entorno, España presenta importantes problemas económicos y sociales que han estado presentes en las últimas décadas y que derivan en buena medida de una deficiente calidad de gobierno. Este déficit de gestión se manifiesta, en particular, en una visión cortoplacista en la que la racionalidad estratégica de los agentes políticos conduce de forma paradójica e ineludible a la irracionalidad del sistema político, esto es, a su incapacidad para solucionar aquellos problemas estructurales.