A principios de los noventa, la mayoría de los países latinoamericanos iniciaron la liberalización de las industrias de red. Esto afectó especialmente a las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte, la energía y la distribución de agua. Desde entonces, los mayores esfuerzos de los reguladores y responsables públicos sectoriales se han orientado al desarrollo de políticas de fomento de la competencia, que tienen como objetivo asegurar el funcionamiento efectivo de los mercados liberalizados. Sin embargo, en los últimos años han ido surgiendo señales de descontento respecto a los resultados de la liberalización. En esta situación se hace más necesario que nunca asegurar que ningún colectivo social o región se queden sin acceso a los servicios públicos básicos en unas condiciones de calidad y precio aceptables. En efecto, es probable que la sostenibilidad a largo plazo de las reformas liberalizadoras dependa en buena medida de un despliegue adecuado de las políticas de servicio universal.
En la última década, todos los países latinoamericanos han impuesto a los prestadores de los servicios liberalizados diversas obligaciones de servicio universal. Estas obligaciones pueden variar considerablemente según las características del sector y del país donde se apliquen. Este libro analiza el desarrollo y la situación actual de estas políticas. Los trabajos incluidos abordan el análisis del servicio universal desde una aproximación teórica y empírica, aportando argumentos económicos, análisis políticos y experiencias prácticas que son útiles para los responsables públicos de estos sectores y para investigadores especializados en las industrias de red.