Desde los primeros años de la década de los 30 del siglo XVII, y ante la posibilidad cada vez mayor de entrar en conflicto con Francia (lo que finalmente se produjo en 1635), la monarquía española (a instancias del conde duque de Olivares) puso en marcha una serie de medidas para hacer frente a esa nueva amenaza. Gran parte de las mismas tenían como protagonista a la aristocracia, pues se trataba de quienes contaban con mayores medios, y al mismo tiempo su ejemplo serviría de acicate al resto de la población para que aceptaran de buen grado (o con la menor resistencia posible) los nuevos sacrificios que se pedirían. Una de ellas fue encargar a varias de las principales casas nobiliarias castellanas la formación, reclutamiento y financiación de una unidad militar denominada regimiento o coronelía. Pese a que en un principio esta nueva exigencia suponía añadir otra obligación más a unos patrimonios ya de por si sobrecargados, la realidad fue muy diferente y los nobles que participaron en este proyecto lo hicieron en unas condiciones más que ventajosas, al tiempo que recibieron cuantiosas y variadas mercedes a cambio de su asistencia. De la misma forma, con esta iniciativa se buscaba solucionar (o al menos paliar en la medida de lo posible) uno de los grandes problemas que afectaba al dispositivo militar hispánico: la presencia (sobre todo en la Corte) de un importante número de oficiales y soldados que habían abandonado la profesión de Marte debido a la falta de incentivos que ésta les ofrecía, y a los que se esperaba atraer al servicio mediante su inclusión en las plantillas de dichas unidades. Por otra parte esta empresa, a diferencia de otras arbitradas por Olivares, fue una de las que pasó del plano de las ideas a la práctica, pues los regimientos nobiliarios fueron empleados en las operaciones militares que tuvieron lugar en España a partir de ese momento, y algunos estuvieron activos durante la totalidad de la Guerra de Cataluña (1640-1652).